Los mercados de carbono fueron diseñados en torno a una premisa convincente: que el financiamiento privado podría fluir hacia los lugares donde los bosques corren mayor riesgo, recompensando a las comunidades y propietarios que los protegen, mientras ayuda a las empresas a hacerse responsables de sus emisiones. Para quienes trabajamos en clima o conservación, la lógica de fondo sigue siendo válida. Los bosques del mundo proveen servicios ecosistémicos esenciales, capturan y almacenan enormes cantidades de carbono, enfrentan una presión enorme, y necesitan incentivos económicos sostenidos si han de sobrevivir.
¿Por qué, entonces, el mercado voluntario de carbono ha incumplido tan sistemáticamente esta promesa?
Durante la última década, el sector ha acumulado evidencia de que muchos créditos de carbono; en particular los emitidos para la conservación forestal, no han producido los resultados climáticos que prometían. Existen casos bien documentados de daño social a comunidades indígenas y locales. El análisis científico ha encontrado repetidamente que las metodologías utilizadas para calcular las reducciones de emisiones eran propensas a sobreestimaciones significativas. La confianza en el mercado, tanto entre los compradores como en la sociedad civil, se ha erosionado.
Sin embargo, esto no es razón para abandonar la idea del financiamiento climático para la naturaleza. Es una razón para entender qué ha salido mal, y preguntarse cómo puede ser un modelo más inclusivo, justo y transparente.
El problema de la medición
El desafío técnico más fundamental en los mercados de carbono forestal es el problema de la adicionalidad: demostrar que un bosque protegido bajo un programa de carbono de otro modo se habría perdido y su carbono almacenado habría sido liberado a la atmósfera. Los créditos se emiten con base en la diferencia entre lo que ocurrió y lo que habría ocurrido en ausencia del proyecto; un cálculo intrínsecamente contrafáctico.
El problema se agrava por las estructuras de incentivos del mercado voluntario, que tienden a exagerar las amenazas para generar y vender más créditos. Estos son los llamados créditos fantasma: certificados emitidos por reducciones de emisiones que nunca ocurrieron realmente, ya sea porque los proyectos nunca existieron, no llegaron a operar, o exageraron significativamente su beneficio ambiental. El resultado es un aumento neto del carbono atmosférico, mientras las empresas pueden declararse carbono neutrales.
Lamentablemente, los créditos fantasma se encuentran tanto en el mercado voluntario como en el de cumplimiento. Una importante investigación realizada en 2023 por The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial encontró que la gran mayoría de los créditos de compensación de selva tropical certificados por Verra—en ese momento el mayor certificador de créditos de carbono del mundo—no representaban reducciones genuinas de emisiones. Una investigación revisada por pares publicada en Science, que examinó 26 proyectos REDD+, encontró evidencia limitada de reducción real de la deforestación en comparación con áreas de control, con algunos análisis que sugieren que la amenaza a los bosques había sido sobreestimada en varios cientos por ciento en una proporción significativa de los proyectos.
Estos hallazgos reflejan una vulnerabilidad metodológica que ha estado presente en la arquitectura del mercado desde sus inicios, y que los organismos de normalización han tardado en abordar. Para cualquier empresa que compre créditos de carbono como parte de una estrategia de sostenibilidad, la implicación es clara: no todos los créditos son iguales, y la etiqueta de certificación por sí sola no es garantía suficiente de impacto real.
El problema del despojo
Si bien la integridad técnica de los proyectos de carbono importa, quizás aún más importante es la pregunta de quién se beneficia cuando se implementa un proyecto de carbono, y quién asume los costos.
El mercado voluntario de carbono surgió en un período en que el pensamiento conservacionista todavía estaba fuertemente influenciado por el modelo de conservación fortaleza: la idea de que proteger la naturaleza significaba separarla de la actividad humana. Aplicado al financiamiento de carbono, esto produjo proyectos que trataron a las comunidades locales e indígenas como una complicación, en lugar de los actores centrales de cualquier estrategia de conservación viable a largo plazo.
Los resultados de este enfoque excluyente han causado daños graves a comunidades de todo el mundo. Una investigación publicada en The Lancet Planetary Health catalogó patrones de despojo de tierras, reubicación forzada y conflicto en proyectos de carbono en la Amazonía, África Central y el Sudeste Asiático, con frecuencia como resultado de la falta de obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades afectadas. Human Rights Watch documentó casos específicos en Camboya donde agricultores indígenas perdieron cultivos y medios de vida sin previo aviso ni consulta bajo un importante proyecto REDD+. En Perú, miembros de la comunidad Kichwa en la región de la Cordillera Azul reportaron desplazamientos sin compensación a pesar de un importante acuerdo de carbono que involucra sus tierras.
Los propios contratos han sido un vehículo de explotación. En Borneo malayo, se firmó un acuerdo REDD+ de 100 años con una empresa singapurense que efectivamente excluyó a las comunidades de sus propios bosques durante un siglo, con prácticamente ningún detalle sobre cómo fluirían los ingresos hacia ellas y sin consulta previa significativa. Los contratos en la Amazonía han tenido duraciones similares de 30 a 40 años, impidiendo a los pueblos indígenas usar sus propias tierras y conteniendo cláusulas abusivas sin disposiciones de rescisión si la comunidad sufre pérdidas. Un niño nacido hoy seguirá viviendo bajo algunos de estos acuerdos cuando sea anciano.
Vale la pena reflexionar sobre por qué esto importa más allá del daño humano inmediato. Las comunidades que viven en los bosques y en su entorno son sus guardianas más eficaces a largo plazo. Varios estudios en América Latina han mostrado que los bosques bajo la gestión de pueblos indígenas y comunidades locales retienen mayor biodiversidad, almacenan más carbono y presentan menores tasas de deforestación que los gestionados por actores externos. El financiamiento de conservación que aliena o desplaza a estas comunidades no solo causa daño social sino también socava los resultados ecológicos que se supone debe producir.
Qué necesita cambiar
Los problemas de los mercados globales de carbono no son meramente técnicos (una cuestión de mejor medición y protocolos de verificación más estrictos), también son estructurales. El modelo actual fue diseñado, implícita o explícitamente, para maximizar las ganancias de los desarrolladores de proyectos y reducir el costo del carbono para los compradores corporativos, lo que ha significado minimizar la proporción que llega a las comunidades cuya tierra y gestión hacen posible la captura de carbono.
Para que los mercados de carbono funcionen como una solución climática y de conservación genuina, esta realidad tiene que cambiar. Esto implica adherirse a ciertos principios esenciales.
- Las comunidades deben ser las principales beneficiarias, no una consideración secundaria. En un sistema donde el valor de un bosque depende enteramente de las personas que viven junto a él, lo gestionan y lo protegen día a día, esas personas deben recibir la mayor parte del beneficio económico, no una porción simbólica después de que desarrolladores de proyectos, auditores, intermediarios e inversores hayan tomado su parte.
- Los contratos deben reflejar un consentimiento genuino y ser renovables, no trampas generacionales. Un contrato de 30, 40 o 100 años firmado en condiciones de información limitada, desequilibrio de poder y traducción inadecuada no es consentimiento. Las comunidades necesitan la capacidad de renegociar y salir de contratos que no les benefician. Los compromisos de conservación asumidos libremente, año tras año, son mucho más duraderos que los encerrados en un contrato que abarca generaciones.
- La medición directa debe reemplazar las estimaciones conjeturales. Los créditos de carbono necesitan reflejar el carbono real removido por bosques reales, no proyecciones basadas en escenarios. El monitoreo, reporte y verificación deben ser realizados por organismos sin interés financiero en el resultado, utilizando métodos científicamente sólidos que sean de acceso público y sujetos a revisión por pares.
- La protección forestal no puede divorciarse del desarrollo comunitario más amplio. La razón estructural por la que los bosques están en riesgo en la mayor parte del Sur Global es que las personas que viven cerca de ellos tienen muy pocas alternativas económicas y muy pocos incentivos para protegerlos. Un protocolo de carbono que aborda solo el carbono y no la realidad económica subyacente producirá resultados que, en el mejor de los casos, serán frágiles y, en el peor, fraudulentos.
- Lo local debe tener precedencia sobre lo abstracto. El dinero recaudado para la conservación forestal debe permanecer cerca del bosque que se conserva. Cuanto más larga y compleja sea la cadena entre una emisión y su supuesta compensación, mayor será la oportunidad para la intermediación financiera, el greenwashing y la evaporación de beneficios. Los protocolos locales, basados en gobernanza local, verificación local y distribución local de ingresos, son intrínsecamente más responsables que los mercados internacionales donde, como ha documentado Carbon Market Watch, es prácticamente imposible rastrear cuánto del dinero recaudado llega realmente a las comunidades.
Carbono Biodiverso
Estos principios son sencillos de articular y genuinamente difíciles de encontrar en la práctica. El programa Carbono Biodiverso es un ejemplo concreto de cómo se puede ver un programa construido en torno a ellos desde sus cimientos. Fue desarrollado específicamente para las necesidades y realidades de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda; una de las áreas protegidas con mayor diversidad ecológica de México, que tiene varios tipos de ecosistemas que albergan especies amenazadas como el jaguar, el oso negro, el puma y la guacamaya verde, y con la meta central de beneficiar a las comunidades locales.
Carbono Biodiverso, lanzado oficialmente en 2021, es el resultado de más de una década de trabajo en carbono realizado por el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) entre las comunidades de la Sierra Gorda y se convirtió en la base de una política climática innovadora desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) de Querétaro, conocida como el Sello Querétaro. El Sello Querétaro es un impuesto estatal al carbono sobre los emisores industriales que permite a las empresas de Querétaro reducir su base gravable hasta en un 20% mediante la financiación de proyectos certificados de conservación forestal dentro del propio estado. Este instrumento fiscal fue la pieza clave para finalizar un protocolo local que garantiza que el carbono se capture y verifique localmente, que el dinero permanezca en Querétaro y que las empresas que se benefician del aire y el agua limpios de la Sierra Gorda sean las mismas que pagan por ello.
Como ha dicho la directora de GESG, Pati Ruiz Corzo: "Nuestros certificados son el resultado de una política pública y no se apegan a las reglas del mercado." Los certificados de Carbono Biodiverso no son commodities negociados a distancia entre una multinacional y un desarrollador de proyectos en otro continente. Son instrumentos de conservación arraigada en el territorio y en la comunidad, que descansan en el monitoreo científico riguroso de ecosistemas forestales reales, con rendición de cuentas gubernamental y verificación independiente incorporadas en su estructura desde el principio.
El programa también fue diseñado con el entendimiento de lo que hace distintiva a la Sierra Gorda. A diferencia de muchas áreas protegidas, alrededor del 70% de los bosques de la Sierra Gorda están en manos privadas y el resto son ejidos o propiedad comunal. Esto significa que la conservación, aquí, es inseparable de las decisiones económicas de los propietarios individuales y las comunidades. Los bosques de la Sierra Gorda le pertenecen a la gente de la Sierra Gorda y si queremos que sigan de pie, la gente de ahí necesita una razón económica para protegerlos. Por eso el protocolo local está estructurado en torno a pagos anuales directos a los propietarios locales y exige que la gran mayoría de cada transacción de carbono fluya directamente a quienes protegen el bosque, y que el resto se reinvierta en la comunidad en lugar de ir a inversores lejanos. En 2025, los más de 170 propietarios que protegen más de 40,000 hectáreas de bosque de niebla, bosque encinar, bosque mixto y bosque tropical caducifolio recibieron pagos muy superiores a lo que habrían obtenido de actividades tradicionales como la ganadería y la agricultura, convirtiendo así a la conservación forestal en una verdadera oportunidad económica.
El bosque como motor económico
Lo que GESG y el modelo Carbono Biodiverso demuestran es que la conservación y el desarrollo económico no son metas contradictorias. Se vuelven mutuamente reforzantes cuando la arquitectura financiera está diseñada en torno a las personas que realmente viven en el territorio.
La Sierra Gorda se encuentra en una región donde la gran mayoría de la población enfrenta dificultades económicas, con una alta dependencia de la agricultura de subsistencia y, en algunas zonas, una importante dependencia de las remesas debido a las limitadas oportunidades económicas locales. El modelo Carbono Biodiverso no trata esta realidad económica como un problema separado, sino como el desafío central que cualquier esfuerzo serio de conservación debe abordar. Al hacer que la protección de los bosques sea económicamente más atractiva que su destrucción y al garantizar que los beneficios fluyan a propietarios y comunidades locales en lugar de a inversores lejanos, crea lo que el mercado global de carbono hasta ahora solo ha prometido: una verdadera economía de conservación.
La lección para el debate global sobre los mercados de carbono no es que deban abandonarse, es que necesitan ser reconstruidos en torno a un conjunto diferente de prioridades. Los servicios ambientales de los bosques tienen valor y los que viven en los bosques y los protegen deben ser los principales beneficiarios de ese valor. Cualquier cosa por debajo de eso no es conservación sino una nueva forma de explotación.
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